Francisco Rocael Mateo Morales
Consejo del Pueblo Maya. Guatemala
La actual política energética dominante, tiene como objetivo fundamental satisfacer las demandas de las grandes industrias y centros comerciales, además de abastecer el mercado regional bajo el control de las oligarquías locales y corporaciones transnacionales. Es decir, la energía eléctrica dejó de ser un servicio público y se convirtió en un gran negocio para y controlado por el sector privado. Este ha sido beneficiado con grandes privilegios, como generosas exoneraciones a impuestos y aranceles de importación y que han permitido generar cuantiosas ganancias.
A nuestro criterio, el actual modelo energético neoliberal provoca cuatro problemas fundamentales: genera impunidad del negocio energético transnacional; sirve como motor de privilegios y desigualdad; perpetua una institucionalidad corrupta, negligente y arbitraria y abusa del agua, esclavizándola al mercado. Además, frente a la legitima resistencia de los Pueblos, la institucionalidad pública es usada para reprimir y criminalizar las luchas sociales que buscan frenar la expansión de este modelo injusto.
El CPO, más allá de la resistencia, también trabaja en alternativas basadas en la democracia comunitaria, la justicia ambiental y los derechos fundamentales de los pueblos. Así, pone en debate su propuesta “Hacia un modelo energético que potencie el Buen Vivir de los pueblos”. Como alternativa al actual modelo energético neoliberal, el Consejo del Pueblo Maya propone cuatro ideas fundamentales:
- El uso racional y solidario, garantizando la gestión social y ecológica de la energía con sobriedad y eficiencia energética.
- La energía eléctrica como bien común y de dominio público, proponiendo la nacionalización del sector.
- Construir una visión compartida y plurinacional del territorio, en base de un nuevo reordenamiento territorial basado en la diversidad cultural y biológica, de las cuencas hidrográficas.
- Resistencia ecológica y liberadora, lo cual significa garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos y de la madre naturaleza.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas y mestizos, la energía eléctrica debe ser considerada como un derecho humano que debe contribuir a mejorar las condiciones de vida. Por lo mismo, un nuevo modelo energético debe garantizar el uso razonable y equilibrado de la naturaleza y respetar la gestión comunitaria, las autonomías y la libre determinación de los pueblos.
Para la transformación del modelo actual no es suficiente fomentar la generación eléctrica con fuentes renovables. Debe desmontarse el orden jurídico e institucional que facilita el control del sistema eléctrico en manos del poder corporativo. Debe transformarse su carácter colonial, patriarcal y elitista, centralizado, clientelista y corrupto. En este sentido, la nacionalización propuesta de la energía eléctrica, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, se entiende como la instauración de un ordenamiento jurídico e institucional con una nueva visión compartida y plurinacional. El nuevo modelo debe garantizar no solamente la rectoría del Estado sobre la energía, sino también facilitar la gestión comunitaria, cooperativa y asociativa de la energía, bajo el principio de unidad en la diversidad.
Nuestra propuesta reta al debate y llama a una fortalecida acción política de los pueblos organizados hacia una Asamblea Constituyente para construir una nueva Constitución Política Plurinacional. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino todos”.
La actual política energética dominante, tiene como objetivo fundamental satisfacer las demandas de las grandes industrias, centros comerciales, además de abastecer el mercado regional bajo el control de las oligarquías locales y corporaciones transnacionales. Es decir, la energía eléctrica dejó de ser un servicio público y se convirtió en un gran negocio controlado por el sector privado.
El sector privado energético en Guatemala, ha sido beneficiado con grandes privilegios, porque Guatemala cuenta con una Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables. Entre las medidas de promoción que contempla se destacan: la exención del impuesto sobre la renta por diez años desde el COD la exención de derechos arancelarios las importaciones, incluyendo IVA, cargas derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo antes, durante en los 10 años posteriores a su ejecución No cabe duda, que los cambios institucionales y legislativos realizados en marco del ajuste estructural neoliberal en la región, específicamente en relación al modelo energético, han traído consecuencias adversas para los pueblos acuerdo con el posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya (CPO Guatemala, la implementación del delo energético neoliberal ha provocado cuatro problemas fundamentales:
- Impunidad del negocio energético transnacional,
- La electricidad como motor de privilegios y desigualdad,
- Una institucionalidad corrupta, negligente y arbitraria,
- Se abusa del agua esclavizándola al mercado.
A pesar de que actualmente se produce energía renovable y barata con excedentes que superan el 50%, se abusa del agua de manera descontrolada; las empresas son favorecidas con privilegios fiscales; las tarifas de la energía eléctrica son muy elevadas, totalmente desfavorables para la población mayoritaria; los aumentos son constantes y sistemáticos. El carácter mafioso y criminal del modelo energético neoliberal no tiene límites. Los métodos empresariales de despojo, han estimulado la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad para garantizar sus intereses mercantilistas. Utilizan la institucionalidad pública para reprimir y criminalizar las luchas sociales.
El actual modelo energético reprime a los pueblos, diferentes organizaciones sociales se han movilizado para denunciar los abusos y frenar la expansión de este modelo injusto; pero al mismo tiempo, para construir colectivamente alternativas energéticas basadas en la democracia comunitaria, la justicia ambiental y los derechos fundamentales de los pueblos. En este sentido, el Consejo del Pueblo Maya de Guatemala, en el marco de la estrategia del Movimiento de Afectados por Represas (MAR) en cuanto a la construcción de modelos energéticos populares; pone para el debate la propuesta “Hacia un modelo energético que potencie el Buen Vivir de los pueblos”. Esta iniciativa surge del proceso de lucha, articulación y reivindicación política de los movimientos territoriales afectados y amenazados por el extractivismo; constituye una respuesta concreta ante la imposición de un modelo económico con carácter criminal que despoja y somete a los pueblos.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas y mestizos, la energía eléctrica debe ser considerada como un derecho humano que debe contribuir a mejorar las condiciones de vida; un nuevo modelo energético que garantice el uso razonable y equilibrado de la naturaleza y respete la gestión comunitaria, las autonomías y la libre determinación de los pueblos.
La energía eléctrica debe ser un derecho humano
Para desmantelar el actual modelo energético neoliberal dominante, el Consejo del Pueblo Maya propone cuatro ideas fundamentales:
- El uso racional y solidario, significa garantizar la gestión social y ecológica de la energía con sobriedad y eficiencia energética.
- La energía eléctrica como bien común y de dominio público, propone la nacionalización de la energía eléctrica para garantizar el interés público y social.
- Construir una visión compartida y plurinacional del territorio, que significa un nuevo reordenamiento territorial basado en la diversidad cultural y biológica, de las cuencas hidrográficas.
- Resistencia ecológica y liberadora, significa garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos y de la madre naturaleza.
Está claro que la transformación del actual modelo energético no se reduce al cambio de matriz energética, es decir, no es suficiente considerar como solución única la generación eléctrica con fuentes renovables, mientras no se desmonte el orden jurídico e institucional que facilita el control del sistema eléctrico en manos del poder corporativo, que lo único que busca es el lucro. El discurso neoliberal de las energías limpias y amigables, no tiene sustento, mientras no se respeten las leyes ambientales y el ejercicio libre de los derechos humanos. La estatización del sistema eléctrico no garantiza bienestar para las grandes mayorías históricamente excluidas, mientras no se transforme el carácter colonial, patriarcal y elitista de los Estados nacionales; no se garantizará el buen vivir de los pueblos, si prevalece un aparato estatal centralizado, clientelista y corrupto. En este sentido, la nacionalización de la energía eléctrica desde la perspectiva de los pueblos indígenas, se entiende como la instauración del ordenamiento jurídico e institucional con una nueva visión compartida y plurinacional de los territorios, que garantice no solo la rectoría del Estado sobre la generación, transporte y distribución de la energía, sino también la gestión comunitaria, cooperativa y asociativa de la energía, un sistema mixto que establezca como principio la unidad en la diversidad. La propuesta del nuevo modelo energético desde la mirada de los pueblos, recoge históricas y sentidas demandas, paradigmas de una ecología de saberes, experiencias en economía ecológica y solidaria, que retan al debate y llaman a una fortalecida acción política de los pueblos organizados hacia una Asamblea Constituyente para construir una nueva Constitución Política Plurinacional. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino todos”.